Sobre el carácter del gobierno Santos.

La caracterización del gobierno de J. M. Santos es central en la lucha interna del Polo: jugó en la salida de Gustavo Petro y su actitud –y de la “oposición alternativa” de la “nueva disidencia”− frente a este gobierno, más allá de arribismos y cálculos de dirigentes hoy asimilados al establecimiento o en trance de inserción.  Como está en la base de la actuación de la izquierda colombiana en un período complejo y grave, es útil dar alcance a este debate que se renueva con el desarrollo de la agenda gubernamental y con la respuesta de una oposición que es política y social –además estética y fecunda en las recientes movilizaciones del estudiantado colombiano−, y sometida a permanente y vivo examen. 

Recordemos que el 15 de julio de 2010, “La Silla Vacía” informó que el asesor del entonces Presidente electo, Alejandro Reyes (alguna vez también asesor del Mindefensa en materia de tierras), había informado a ese portal sobre la existencia de un acuerdo según el cual “Petro será el encargado de liderar el debate sobre la restitución de tierras en Colombia. Eso nos permitirá generar consensos”[i]. Acuerdo que éste presentó como “diálogos programáticos” sobre tres temas, a saber: agua, tierras y restitución a las víctimas (en cuya votación el Polo se divide pese a tener acuerdos de bancada). Los dos últimos han ocupado intensamente al gobierno, que acaba de anunciar también cambios en su política de aguas. Pero los tres asuntos tienen además algo en común: sobresalen entre las recomendaciones de un Banco Mundial solícito a ciertos asesores ministeriales y/o de campañas electorales. Merecen por tanto unas líneas de cara a la Conferencia Ideológica del Polo. 

Pero, ¿qué piden al respecto los organismos multilaterales de crédito que no pudiera ofrecerles Álvaro Uribe Vélez? En varios aspectos, voluntad. En otros, capacidad de maniobra, efectividad y hasta formas. Así, por varias razones (concurso crisis financiera - crisis alimentaria, pérdida de fronteras agrícolas, desertificación de suelos, volatilidad en precios de los alimentos, etc.), el Banco Mundial reclama “dinamizar el mercado de tierras” para que ellas queden “en manos de los usuarios más eficientes”, lo que en su enfoque significa entregarla bajo diversas modalidades al gran capital para la agroexportación hacia los países centrales. Sin embrago, el renovado interés de los capitalistas nacionales y extranjeros por la tierra impone -entre otras- normas sobre bancarización y mercados de valores futuros, lo mismo que sobre “seguridad jurídica” para su transabilidad, en un país de desplazados y de colonos sin títulos, y de títulos “chimbos” y de prohibiciones al acaparamiento formal de baldíos. 

Ahora bien, varias de esas medidas enfrentan hoy al capital financiero y a la mafia por la propiedad y uso de la tierra. En esta puja Juan Manuel Santos representa, no a una burguesía “industrial” dispuesta a acometer reformas democráticas que ofrezcan “la posibilidad de un proceso de democratización de la tierra a partir de una restitución de tierras como parte de una reparación integral de las víctimas de la violencia”, como esperaba Gustavo Petro[ii], sino al sector oligárquico interesado en una reprimarización económica “financiarizada”. 

Álvaro Uribe Vélez no tuvo la capacidad de ofrecer a tiempo la totalidad de medidas urgentes que demandaba dicho escenario (v.gr. la “solución” al límite que imponía la “Unidad Agrícola Familiar” al acaparamiento baldíos) o se mostraba renuente a propiciarlas (v.gr., la aclaración de los derechos de propiedad sobre la tierra). Su sentido de pertenencia, o las alianzas establecidas, o su escaso margen de maniobra, le hacían lento ante las nuevas exigencias del gran capital. Pero Santos no tiene al respecto mayores dudas programáticas y está dispuesto a asimilar, disciplinar o aún enfrentar en distintos grados a los sectores de clase afectados (entre ellos terratenientes y mafiosos) al interior del Bloque de poder. 

Para lograrlo, debía maniobrar en las alturas y construir una nueva relación de fuerzas en lo político. Y procurar en la sociedad un consenso que al anterior gobierno le era esquivo. La desgastada polarización que forjó el anterior capo carismático de la “Casa de Nari”, no rendía esos frutos. En cambio el jugador de póquer podría configurar, con cartas marcadas, una mayoría aplastante en el Congreso de la República en favor del Plan Nacional de Desarrollo y de sus varias contrareformas, entre ellas la agraria, que le derrumbe trabas a la financiarización de la tierra, a su extranjerización y a su nuevo rentismo especulativo. 

La “Unidad Nacional” le ha servido aún para más, pues la financiarización no sólo habla de tierras. También de presupuesto público. Y a la tecnocracia de las multilaterales de crédito ahora les resulta conveniente presentar a los poderes regionales y a la representación legislativa bajo el lente de la “tragedia de los comunes” (es decir, prisioneros del inmediatismo, el corporativismo y los costos de transacción). Por eso orienta una mayor recentralización en diversos órdenes y una mayor autocracia en lo presupuestal, en contra de diversas “autonomías” (locales, regionales o de otros órganos y ramas del poder público). De modo que la “Unidad Nacional” y su consenso le han conseguido, en lo económico: la “sostenibilidad fiscal” como principio constitucional, la regla fiscal, la reforma de las regalías, la “flexibilización” del presupuesto, varios tratados comerciales y de protección a las inversiones, además de las leyes de formalización empresarial y primer empleo, de ordenamiento territorial, de reforma a la salud y una “minireforma” tributaria, para mencionar algunas. 

Se alza también con una regresiva ley “de seguridad ciudadana” y avanza en una profundización del régimen presidencialista (ampliar los poderes de la figura del Presidente de la República en la estructura de poder), que no había conseguido Álvaro Uribe: la asunción de las funciones asignadas a la codiciada Comisión Nacional de Televisión (antes con autonomía constitucional), distribuidas ahora entre el Ministerio de las TICs y algunas comisiones por él dominadas. Y tramita o ha anunciado otras como la reforma a la justicia, la venta parcial de Ecopetrol, la general de tierras y desarrollo rural[iii], y dos más sobre las vigencias futuras y sobre las “alianzas público – privadas”, que servirían lo mismo para promover megacolegios y/o universidades “de economía mixta”, que para la asociación de entidades territoriales con el capital privado, por ejemplo, para apropiarse de los acueductos tras el “fallido” intento de los Planes Departamentales de Aguas. Todo bajo su divisa de “Tercera vía”: Tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Y el mercado todo lo puede, parece agregar Juan Manuel Santos, que al respecto vino no sólo a continuar sino a profundizar dicha obra neoliberal. 

Así las cosas, está claro para dónde vamos en tierras, víctimas y aguas, pero además en muchos otros principales asuntos políticos, económicos y sociales. También se va aclarando en dónde se ubica el enfrentamiento con el poder mafioso y el latifundismo improductivo al interior del Bloque de Poder. Y qué carácter ostenta el gobierno de Santos y para quién maniobra en dicha confrontación. Aún en lo internacional ha trascendido la orden del Departamento de Estado: su pedido a Colombia no es incendiar la subregión, sino “liderarla” jugando activo papel diplomático. 

Hay sin embargo, otros objetivos y otras cartas en la baraja del jugador que hoy ocupa Palacio de Nariño. La estrategia pide incorporar a otros actores tradicionalmente por fuera del establecimiento. Conviene a la “Unidad Nacional” el aterrizaje de figuras del sindicalismo, y del campo de “lo popular”. El exitismo y la cooptación están en el orden del día. Lucho y Angelino son comensales principales de la mesa. Y los verdes y los afros y el pactismo que permita no sólo“generar consensos”, sino en lo posible y más de fondo,  remediar lo perdido por Uribe en cuestión de dirección moral e intelectual sobre las clases subalternas –esto es, en materia de Hegemonía−, lo que reclama discursos e imaginarios que den como superadas algunas malas prácticas y pésimas andanzas del período anterior.

 

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[i] “Al menos durante la fase inicial del gobierno, Gustavo Petro​ jugará un rol clave como líder político propositivo y confrontador a la política de tierras. ‘Petro será el encargado de liderar el debate sobre la restitución de tierras en Colombia. Eso nos permitirá generar consensos’, dijo Reyes a La Silla. Reyes dijo que tanto Santos como Petro estaban satisfechos con este acuerdo”. Laura Rico Piñeres, en “Pasos para arreglar un tierrero: un abrebocas a la política de tierras de Juan Manuel Santos”, La silla vacía, 15 de julio de 2010
[ii] Intervención de Gustavo Petro en Bogotá, Colegio Americano, 8 de septiembre de 2010.
[iii] Ver “Proyecto de ley de tierras: para adelante, para atrás”, Héctor Mondragón, Seminario virtual “Caja de Herramientas”, edición No. 00286 – Semana del 23 al 30 de diciembre, última revisión 02.01.2012 (www.viva.org.co/cajavirtual/svc0286/articulo02.html)